Actualización: El 26 de abril de 2018 el Tribunal Electoral del Estado de Morelos confirmó la candidatura de Cuauhtémoc Blanco.
Desde su época como futbolista, la mayor parte en el Club América, y ahora como alcalde de Cuernavaca y candidato a gobernador, Cuauhtémoc Blanco no ha dejado de ser polémico.
Según las encuestas, lleva ventaja en la contienda por el gobierno de Morelos. Según una encuesta realizada por El Financiero, el presidente municipal con licencia de Cuernavaca tiene 42% de la intención del voto, 26 puntos por encima del segundo lugar, el priísta Jorge Meade Ocaranza, quien tiene 16% de las preferencias.
Pero la trayectoria política de El Cuau no ha sido tersa. Hace menos de dos años, en agosto de 2016, la periodista Denisse Maerker dio a conocer que Blanco había firmado un contrato por siete millones de pesos para ser candidato a la presidencia municipal de Cuernavaca por el Partido Social Demócrata (PSD) en las elecciones en 2015. Aunque Blanco lo rechazó al día siguiente en conferencia de prensa.
En octubre del mismo año, la Fiscalía General del Estado de Morelos le dio validez al contrato denunciado y concluyó que la firma del mismo, celebrada entre uno de los entonces líderes de PSD, Roberto Yáñez, y Cuauhtémoc Blanco, sí corresponde a la del exfutbolista.
El resultado fue integrado a la carpeta de investigación que lleva la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) de la Procuraduría General de la República (PGR).
Además, la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral abrió un expediente para investigar el caso, que no ha sido cerrado todavía.
Pero este contrato no ha sido el único tema a debate. La Fepade cuenta también con una carpeta de investigación en contra de Blanco, en la que se investiga si tenía dos credenciales de elector con residencias distintas, según declaró Santiago Nieto, en marzo 2017, cuando era titular de esa Fiscalía.
La doble credencialización consiste en delito de alteración del registro federal electoral, lo cual tiene una sanción de tres a siete años de prisión y una multa de 70 a 200 días.
El Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (IMPEPAC) aprobó la candidatura de Cuauhtémoc a la gubernatura de Morelos, el 30 de marzo pasada. Dicha decisión fue impugnada ante el Tribunal Electoral del Estado de Morelos (TEEM) porque Blanco no contaba con cinco años de residencia en el estado, según argumentaron el Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Partido de la Revolución Democrática (PRD), el Partido Social Democracia (PSD) y dos ciudadanos..
El TEEM confirmó el registro de Cuauhtémoc Blanco como candidato a gobernador de Morelos el pasado 26 de abril, al considerar que el IMPEPAC evaluó correctamente los documentos presentados por Cuauhtémoc Blanco para registrarse como candidato.
María Silva, Magistrada de la Sala Regional de la IV Circunscripción del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación mencionó a Verificado 2018 que la candidatura de Blanco puede continuar en discusión si la decisión del TEEM es impugnada ante la Sala Superior del TEPJF.
Las investigaciones abiertas
Blanco, por tanto, tiene dos casos pendientes, pero nada se ha informado sobre el curso de las investigaciones.
Por el caso del contrato, además del INE y la Fepade, el IMPEPAC abrió un nuevo proceso sancionador, el 9 de marzo pasado, por considerar que Blanco probablemente transgredió “el principio electoral de las elecciones libres auténticas y periódicas”.
Sin embargo, estos procesos no necesariamente ponen en riesgo la candidatura del exfutbolista.
Ana León Trueba, consejera presidenta del IMPEPAC, dijo a medios que el proceso sancionador no afectaría el registro de Blanco como candidato.
Pero además, estar sometido a un proceso judicial no es motivo para retirar una candidatura: sólo si el involucrado fuera encontrado culpable y sentenciado por un juez, aunque ninguno de los expedientes que Blanco tiene abiertos ha terminado en el escritorio de algún juzgador.
La Sala Superior del TEPJF determinó en 2013 que los ciudadanos no pueden ser privados de sus derechos político-electorales, a menos de que “al habérsele otorgado la libertad caucional y materialmente no se le hubiere puesto en prisión o recluido, no hay razones válidas para justificar la suspensión de sus derechos político-electorales”.
